En medio de una nueva escalada de agresiones verbales contra periodistas y los medios de comunicación, el gobierno de Javier Milei prohibió el acceso de los periodistas acreditados a la principal sede gubernamental. De esta manera, les restringió su tarea profesional a unos 60 periodistas que a diario concurren.
La restricción de acceso se hizo efectiva este jueves, cuando personal de la Casa Militar y de la Policía Federal impidió el paso de 60 trabajadores de prensa basándose en una lista preestablecida. Desde el Ejecutivo se justificó la medida bajo el argumento de prevenir supuestas maniobras de espionaje ilegal, vinculadas a la difusión de imágenes de áreas restringidas de la Casa Rosada difundidas en un canal de noticias.
Las razones esgrimidas son dos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, esgrimieron fuentes oficiales. Y supeditaron la continuidad de los permisos hasta que no avance la causa judicial contra los periodistas de TN.
“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, abundaron las fuentes del Gobierno, aunque aún no emitieron un comunicado oficial.
Por redes sociales, Javier Lanari, a cargo de la prensa y comunicación oficial, señaló: “La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”.
La denuncia se hizo luego de la emisión del programa, el domingo último, “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno.
Se trata de una medida con pocos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos, y aún durante gobiernos de facto.
La restricción se da justo hoy, cuando Milei tiene agenda prevista en la Casa Rosada. El Presidente recibirá esta tarde al empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países. Thiel es un aliado de Donald Trump.
Ayer, el Gobierno, a través de la Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, denunció penalmente a dos periodistas de la señal televisiva TN.
Fue luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.
La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno apuntaron a que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.
En tanto que el presidente, Javier Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde el mandatario en su cuenta de la red social X, donde viene encadenando insultos contra distintos periodistas.
Por último, la diputada nacional Marcela Pagano calificó la medida que impidió el acceso de periodistas a Casa Rosada como “un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia”; y el también legislador Esteban Paulón aseguró que el Poder Ejecutivo Nacional “debe garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información”.
