Sindicatos, organizaciones sociales y políticas se concentraron frente a la Casa Rosada, en rechazo a la iniciativa oficialista. En el Senado, la jefe del bloque libertario negoció la demora del tratamiento para evitar el fracaso de la iniciativa y conseguir los votos faltantes.
El movimiento obrero organizado se movilizó a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha, que fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), fue una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.
La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, fue la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.
Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto. Las autoridades gremiales sostienen que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestionan la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.
El oficialismo libertario consiguió esta tarde un dictamen de mayoría sobre la reforma laboral que quiere el Gobierno, pero la discusión en el recinto se estirará a febrero próximo, según pudo saber Infobae. De hecho, mientras transcurría la confirmación, la propia Patricia Bullrich lo anunció en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
De esta manera, lo que sí avanzaría mañana es el despacho del Presupuesto 2026, junto a la ley de inocencia fiscal. Ambas iniciativas se sancionarían el viernes 26, para cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo hasta el martes 30 de diciembre.
Lo ocurrido en Diputados con el Presupuesto 2026 y la repartija de las butacas en la Auditoría General de la Nación (AGN) movió con fuerza la estantería en la Cámara alta. La tensión escaló tanto que, para el mediodía de hoy, las conversaciones estaban casi rotas entre oficialismo y dialoguista. Bullrich se fue de urgencia a la Casa Rosada.
Al regresar primó la calma y, en una cumbre que tuvo lugar en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se decidió rubricar la reforma laboral -con algunos cambios-, y tomarse todo enero y los primeros días de febrero para pulir la iniciativa en cuestión.
a relación con el sector dialoguista se resintió durante la madrugada de hoy en Diputados, tras la accidentada aprobación del Presupuesto 2026 -sin un capítulo clave que pretendía el Ejecutivo- y una estrategia libertaria que no trastabilló. A esto se le sumó la distribución de las tres butacas de la AGN, en un claro acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Este último punto es el que, por ahora, nadie entiende en el Congreso.
