El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La definición queda en manos de Diputados, si ambas Cámaras no los validan “con mayoría absoluta” en 90 días corridos, caerían. Igual caso si una sola los rechazara.
En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, una coalición de justicialistas, radicales, macristas y provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno de Mieli, la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.
La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).
Tras habilitarse sin problemas el debate -precisaba dos tercios-, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien señaló: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones”.
“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció Bensusán.
La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Para tener una idea de lo que todo esto implica , los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.
La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.
Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.
Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco manifestó que “después de mucho tiempo” se viene a “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU” no sólo de “este Gobierno, que tiene un récord, sino de anteriores que tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.
Luego, Blanco apuntó directo a la expresidenta. En ese sentido, dijo: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.
En tanto, desde el peronismo, la riojana Florencia López sentenció: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
