Mientras los choferes de colectivos iniciaron este jueves una “retención de tareas”, se reunió el Consejo Directivo de la máxima central sindical. Esta vez el paro será de 24 horas, también anunciaron que habrá una marcha a Plaza de Mayo.
Los choferes de colectivos iniciaron este jueves una “retención de tareas” hasta tanto se les deposite en sus cuentas bancarias un aumento de $250 mil que vienen reclamando. La medida genera complicaciones para viajar y colapsa otras vías alternativas de transporte que utilizan los trabajadores. Solamente funcionan alrededor de 70 líneas.
De acuerdo a lo que trascendió hasta el momento la intención desde el Gobierno no es dictar la conciliación obligatoria sino que haya “un acercamiento entre las partes”.
Desde el sindicato que agrupa a los choferes indicaron antes de que se produzca la interrupción de los servicios que podrían restablecerse si se abona el aumento salarial que inició el reclamo. Piden que se respete el salario mínimo que sería de $ 987.000 -antes fue de 737.000 y se les pagó una cifra no remunerativa de $ 250.000- y que desde el sector empresario sostienen que no pueden afrontar.
a la par, la CGT decidió convocar al segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, que se hará el 9 de mayo. Se trata de una medida de fuerza que se tomó a menos de un día de haber sido recibido en la Casa Rosada por funcionarios nacionales. Además, resolvieron hacer una masiva movilización a Plaza de Mayo para el 1° de mayo -Día del Trabajador- en protesta contra las políticas del Gobierno.
La decisión fue debatida desde las 14.30 por el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802, en donde se analizó lo conversado hace 24 horas con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El sector dialoguista de la CGT proponía realizar el paro después de la movilización del 1° de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, para medir la respuesta de sus bases antes de concretar otra huelga, mientras que la fracción combativa quería realizar el paro cuanto antes.
De todos modos, los dirigentes cegetistas ya les habían anticipado a los funcionarios nacionales que este jueves se iba a poner fecha a “medidas de acción directa” (en alusión al segundo paro general luego del que se hizo el 24 de enero, de 12 horas con movilización) y que se iba a ratificar la concentración en la Plaza de Mayo.
Sin embargo, en la Casa Rosada no les pidieron que cancelaran o postergaran las medidas de fuerza y tuvieron gestos de buena voluntad hacia la los jefes de la CGT: les pidieron disculpas por no haberlos llamado a dialogar antes y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70. Y, además, prometieron discutir en una mesa conjunta el contenido de una “modernización” de la legislación laboral (se acordó no hablar de “reforma”) para incluirla en la Ley Bases, pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponían en riesgo su andamiaje de poder.
Los representantes del Gobierno también les solicitaron un “acompañamiento durante 2 o 3 meses” con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron, a través de Cordero, que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.
Los sindicalistas advirtieron que negocian las paritarias con “responsabilidad” y que “los salarios no son el tema central de los problemas macroeconómicos de la Argentina”, por lo cual rechazan la demora en homologar algunos acuerdos. Cordero explicó que recién ahora pudo completar su equipo y así empezar a ponerse al día con las homologaciones. “Ahora se está normalizando todo”, dijo.
En la reunión de la Casa Rosada estuvieron dos de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), pero no concurrió el tercer miembro del triunvirato de conducción, Pablo Moyano, quien fue sorpresivamente reemplazado por su papá, Hugo Moyano. El jefe del Sindicato de Camioneros aprovechó el contacto con los funcionarios libertarios para plantear su queja por la falta de homologación de su último aumento salarial, del 45% para marzo y abril.
En un clima de cierta distensión entre el Gobierno y la CGT, Moyano cedió ante la negativa oficial a homologar la paritaria al aceptar una renegociación del convenio, dejando sin efecto el que se había firmado, en un esquema aún en discusión que tendría una vigencia de cuatro meses, de marzo a junio, con aumentos a tono con el descenso de la inflación, como quiere el Ministerio de Economía.
