Miles de personas tomaron hoy las calles de Lima para exigir el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la realización inmediata de elecciones y, sobre todo, el fin de la represión que dejó casi 50 muertos en poco más de un mes en Perú.
“Dina asesina”, fue el grito más repetido por los manifestantes, que se congregaron en la plaza Dos de Mayo y se movilizaron luego en forma pacífica hacia la estratégica plaza San Martín, en el centro de la ciudad, sin que la Policía se los impidiera.
Hasta ahora, las protestas derivadas de la destitución del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, a partir del 7 de diciembre, se habían realizado casi exclusivamente en el interior del país, sobre todo en el sur, salvo por algunas manifestaciones pequeñas en Lima, ciudad de tendencias conservadoras.
Según la Defensoría del Pueblo, más de 40 civiles y dos policías perdieron la vida en las protestas. Entre los civiles muertos, a ninguno de los cuales se le hallaron antecedentes delictivos, la mayoría fue víctima de balazos disparados por la Policía.
“Dina Boluarte tiene que renunciar y tiene que dejar de asesinar al pueblo”, clamaba en medio de la marcha un hombre de mediana edad que acompañaba sus gritos con golpes a un tambor.
La mandataria, a la que sus críticos acusan de haberse convertido en cómplice de una derecha a la que alguna vez combatió, era sin dudas el personaje negativo central de la marcha. Numerosos fotomontajes de la presidenta con sangre en sus labios formaron parte de la colorida procesión.
Tampoco le iba mejor al presidente del Congreso, el general retirado José Williams, primero en línea de sucesión en caso de que Boluarte caiga. Los manifestantes lo llaman “Carnicero de los Andes” por su supuesta participación en una masacre en su época de militar activo.
La movilización de hoy en Lima, en la que salvo por unos 1.000 campesinos llegados de la región norteña de Cajamarca la mayoría eran habitantes capitalinos, podría ser solo un ensayo, pues dirigentes de otros lugares, en especial de los combativos Andes sureños, preparan marchas hacia la metrópoli.
Según el activista Omar Coronel, los visitantes podrían llegar a Lima entre el domingo y el lunes, aunque no había información de que hubieran partido de sus sedes. El hecho generaba preocupación por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, que actúan bajo Estado de Emergencia, recurran a la represión armada.
Boluarte y el Congreso trabajan en adelantar las elecciones generales para abril de 2024, una fecha que para los opositores es demasiado distante, en especial ante el uso de la fuerza que hacen la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola.
Según el Gobierno, la repuesta militar fue necesaria por las provocaciones “vandálicas” y “terroristas” de los manifestantes, de los que aseguran que están dirigidos por extremistas con experiencia subversiva. No obstante, no presentaron pruebas.
Castillo fue destituido el 7 de diciembre, después de que pretendiera sin éxito cerrar el Congreso. Lo reemplazó su hasta entonces vicepresidenta Boluarte, quien, contrario al clamor popular que mostraban las encuestas por elecciones inmediatas, anunció que pretendía quedarse hasta 2026.
Boluarte retrocedió ante las protestas, pero ya para entonces en país estaba incendiado y el excesivo número de muertos disparó un malestar cada vez más incontrolable.
Mientras Lima retornaba a la normalidad al caer la noche, varios departamentos se mantenían en pie de guerra, sin que ninguna de las partes avanzara hacia diálogos sustantivos.
