La Libertad Avanza y sus aliados lograron en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero fracasó en derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario como pretendía. El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. Polémicas designaciones para la AGN.
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno sufrió un duro golpe con el rechaza al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
Para la aprobación del texto en general La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).
Fuerza Patria, Encuetro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.
Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del Gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.
El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene lo $1.423. Según el Gobierno, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.
Más allá de los cuestionamientos a los números del Gobierno, el artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por eso, la sesión comenzó con una polémica: el oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros (agrupan varios artículos). Un intento de impedir que los aliados se desmarquen en ese punto clave.
La oposición protestó y reclamó que la votación sea nominal artículo por artículo, para que el artículo 75 no quede mezclado en el mismo capítulo con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de las prestaciones por discapacidad. “Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
No obstante, el oficialismo logró aprobar su moción gracias al apoyo de sus aliados con 130 votos positivos y 112 en contra.
Desde el peronismo afirmaron que el proyecto de Presupuesto libertario “refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”. “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, advirtió Agustín Rossi.
Todo parecía favorecer al oficialismo pero el tablero terminó arrojando 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, a pesar de las maniobras del oficialismo, el capítulo entero salió rechazado. La oposición logró sostener las leyes de discapacidad y universidades; y los libertarios deberán pagar el costo político por haber incluido en ese capítulo la coparticipación de CABA y los fondos para el Poder Judicial, que también fueron rechazados.
El traspié legislativo ahora abre varios interrogantes. Ante la consulta de Infobae, un referente libertario señaló que lo mejor sería remitir el texto al Senado y hacerle modificaciones allí para que vuelva a Diputados.
Polémicas designaciones para la Auditoria General de la Nación
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, hizo una moción para avanzar con la designación de los tres representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación.
En ese momento, tanto Provincias Unidas como el PRO y la UCR se retiraron del recinto en repudio al “acuerdo” entre la Casa Rosada, el peronismo y los gobernadores de Innovación Federal.
Bornoroni propuso designar a Mónica Almada, en representación de LLA, de Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, como alfil de los gobernadores del norte.
