El oficialismo “ganó tiempo” y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones del 26 de octubre. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos.
El Gobierno ganó tiempo y respira de alivio. A último momento logró doblegar algunas voluntades en el recinto y logró que, durante la votación en particular de la reforma de la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados, uno de los artículos -el tercero- no consiguiera superar la mayoría absoluta de los votos (129 voluntades). Ergo, la iniciativa retornará al Senado, que le había dado media sanción.
La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR. Sin embargo, el artículo tercero del proyecto consiguió 127 votos positivos. Le faltaron dos para alcanzar la mayoría que exige la Constitución.
El oficialismo calificó la ofensiva opositora de “desestabilizante” y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado. Es que, de ser convertido en ley, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de sus decretos. Si no lo logra, el decreto queda derogado.
La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.
“Nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”, advirtió Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Con este diseño (que plantea la reforma de la ley), que viola la Constitución, se pretende instalar el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, en el que ya no será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones”, agregó.
“Esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”, alertó el también libertario Álvaro Martínez.
Los opositores, en sus discursos, aseveran que la intención de la reforma no es limitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta; junto con los vetos a las leyes opositoras, el Gobierno ha buscado esquivar sistemáticamente al Congreso, alegaron.
“Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor -replicó Nicolás Massot (Encuentro Federal)-. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve.”
Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) indicó que si bien él votó la norma en 2006, cuando la impulsó la entonces exsenadora Cristina Kirchner, consideró pertinente su reforma por el uso excesivo que, a su juicio, hicieron de esta herramienta los distintos gobiernos.
“En el tiempo que estamos viviendo, esta mecánica del Gobierno, con el abuso de los vetos, de los DNU, es un dato muy negativo y constituye una visión muy limitada de la democracia -sostuvo-. Este no es una iniciativa contra el Gobierno ni contra el presidente, los DNU son un elemento necesario pero deben ser tratados con seriedad por parte del Ejecutivo”.
El diputado Juan López (Coalición Cívica) cuestionó al kirchnerismo por el uso y abuso de los DNU mientras ejerció el gobierno -pese a que dominaba ambas cámaras- pero también a la administración libertaria “por el abuso total en el uso de los decretos, una práctica que vuelve a alertar sobre la institucionalidad”.
