La medida será en rechazo al tope salarial en paritarias, los proyectos de reforma laboral que impulsa el oficialismo y en apoyo a los reclamos de los jubilados.
La Confederación General del Trabajo finalmente formalizó este jueves la decisión de pasar a la ofensiva en su estrategia de confrontación con el Gobierno y llamó a un nuevo paro general, el tercero contra la administración de Javier Milei, para el próximo 10 de abril. Además, resolvió convocar a una movilización en apoyo a los jubilados para el miércoles 9 de abril, en la jornada previa al paro general, lo que estiró a 36 horas la extensión de las protestas. Esa definición, convenida por la primera línea cegetista en las últimas semanas, fue ratificada en una reunión de más de tres horas del consejo directivo de la entidad, pese a las gestiones informales encaradas en los últimos días por funcionarios del Ejecutivo con algunos sindicalistas de perfil dialoguista para intentar desactivar la medida de fuerza.
“La medida mas importante es una acción sindical de 36 horas comenzando con movilizaciones a partir del dia 9 de abril al mediodía y a posteriori desde las cero del dia 10 de abril un paro de 24 horas”, anunció el triunviro Héctor Daer en una rueda de prensa junto sus pares de la conducción, Carlos Acuña y Octavio Argüello.
El dirigente explicó que la central obrera acordó un plan de lucha que, además del paro y la movilización de abril, contempla para el próximo lunes la movilización de columnas sindicales en el acto por el nuevo aniversario del último golpe militar junto a las organizaciones de derechos humanos y para el jueves 27 un plenario de las ramas regionales de la entidad para apuntalar la organización de la huelga. Además, la CGT ratificó su respaldo a las movilizaciones de jubilados de cada miércoles y una marcha para el 1° de Mayo en consonancia con el Día del Trabajador y en rechazo a las políticas del Gobierno.
La oficialización del tercer paro general contra Milei puso así fin a la tregua que consagró la relación entre la administración libertaria y la principal central sindical desde agosto pasado. Ese vínculo se desgastó en los primeros meses del año a partir de la fuerte presión del del Gobierno para tabicar los aumentos salariales en el 1% desde marzo, por debajo de la inflación que contra el empeño oficial no logra perforar el umbral del 2% mensual, sumado al temor por una avanzada de la Casa Rosada para eliminar las cuotas solidarias sindicales incorporadas en los convenios colectivos. La marcha de los jubilados del miércoles 12 que culminó con detenidos, heridos y represión frente al Congreso aceleró los tiempos de la definición del plan de lucha contra la administración libertaria.
Con ese cuadro de fondo, la jefatura sindical confirmó este jueves el paro del 10 de abril que, al igual que ocurrió en las dos huelgas previas contra el Gobierno del 24 de enero y el 9 de mayo de 2025, contemplará un cese de actividades por 24 horas. La adhesión de los gremios del transporte a la medida será clave para garantizar su éxito: hasta el momento está confirmado el respaldo de los sindicatos ferroviarios, en tanto que las dudas se concentran en la posición que adoptará la UTA, el gremio de colectiveros que conduce Roberto Fernández, quien no participó de la reunión del consejo directivo.
Ante la prensa, Daer planteó en detalle los argumentos de la medida de fuerza para contraponerlo al discurso del Gobierno que calificó como “un movimiento político” la protesta. “Exigimos la libertad para negociar paritarias libres. Pedimos un aumento para los jubilados. Planteamos nuestro apoyo a la discusión que se va a dar en el Congreso por el bono de $760.000 para los jubilados y repudiamos la represión policial que ocurrió la semana pasada”, indicó el titular de Sanidad.
