La oposición sancionó en el Senado la ley que favorece a las universidades nacionales y ahora el Gobierno quiere vetarla. La oposición además rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado.También se aprobó con cambios y devolvió a Diputados el proyecto sobre Boleta única de Papel.
En una nueva derrota para el oficialismo libertario, como ocurrió con jubilaciones, la oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario y dejó al Gobierno a la vera de un nuevo veto presidencial. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.
De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
Desde la Unión Cívica Radical, el catamarqueño Flavio Fama manifestó que el proyecto “no busca incrementar el presupuesto, hay que decir la verdad”. En ese sentido, indicó que la ley intenta “resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto asignado a estas instituciones”. Tampoco olvidó de resaltar las auditorías que se realizan sobre el área.
A partir de ahí, varios legisladores cruzaron datos sobre el aumento que otorgó el Ejecutivo y lo devengado en los papeles, junto a las auditorías. Por caso, Fama recordó que la suba de 270% anunciada tiempo atrás por el Ministerio de Capital Humano fue “sólo a la Universidad de Buenos Aires”, a la que halagó como “buque insignia”, pero que “no representa a todo el sistema”.
Otro radical, el bonaerense Maximiliano Abad, primero señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
El Senado rechazó el DNU sobre fondos para la SIDE
La oposición rechazó esta madrugada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Es la primera vez que el Congreso desactiva una norma de este tipo, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
Al momento de la definición, el rechazo del DNU obtuvo 49 votos a favor -unidos el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical, excepto Rodolfo Suarez-,11 en contra y dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina. Hay tres del PRO que se sumaron a la desactivación de la norma: la porteña Guadalupe Tagliaferri -ya lo había anunciado-, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
Con el impulso del oficialismo y el respaldo de los bloques dialoguistas y provinciales, el Senado aprobó y devolvió con cambios a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el sistema electoral de Boleta Única de Papel.
Con 39 votos a favor y 30 en contra, a La Libertad Avanza le sobró para superar los 37 requeridos constitucionalmente (la mitad más una de los 72 que integran el cuerpo), por tratarse de una iniciativa de carácter electoral.
Para aprobar el proyecto fue clave el respaldo que dieron los partidos provinciales de Misiones, Rio Negro, Córdoba y Neuquén, entre otros, a partir de modificaciones que el oficialismo aceptó y que tienen que ver, sobre todo, con no perjudicar a fuerzas locales que no ofrecen candidaturas en todos los tramos de la boleta nacional.
Durante el tratamiento, que se extendió por más de tres horas, el oficialismo y sus aliados argumentaron la importancia del cambio de paradigma en el sistema, en tanto que Unión por la patria lo rechazó por considerarlo “dificultoso”.
