Funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y economistas manifestaron distintas posiciones de las medidas tomadas para afrontar el impacto de la devaluación en trabajadores y sectores de la producción, como parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso. Las nuevas medidas tendrán un costo fiscal de $729.000 millones.
El paquete de medidas incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, prefinanciación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.
LAS MEDIDAS ANUNCIADAS
Con respecto al alivio fiscal para monotributistas, se confirmó que en los próximos seis meses no pagarán los componentes impositivos las categorías A ($496), B ($957), C ($1636) y D ($2689). En total, habrá 1.829.544 personas beneficiadas y se tendrá en cuenta únicamente a los “monotributistas puros”, no así aquellos que también tengan un trabajo en relación de dependencia. Entrará en vigencia tras la publicación de una Resolución General de la AFIP, y la condonación de estas deudas se incluirán en la ley de Presupuesto 2024. Este proyecto deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre de este año.
También hubo novedades para los monotributistas productivos. Desde la AFIP comunicaron que por los próximos 36 meses bajará el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1%, destinado a “los sectores más vulnerables”. En la actualidad, hay 188.346 contribuyentes bajo esta categoría y la medida apunta a formalizar a más de un millón de trabajadores.
El paquete de beneficios también incluye un alivio fiscal para jubilados y pensionados, ya que la devolución para el consumo con tarjeta de débito aumentará de $4056 a $18.000 para aquellas personas que cobran hasta tres jubilaciones mínimas. En paralelo, habrá un refuerzo en los haberes a través de un bono por $37.000 mensuales, que llevará la mínima a $124.460. “Esto genera una mejora de hasta un 15% del haber mínimo”, agregó Castagneto, que detalló que se verán beneficiados 7.800.000 argentinos.
Dentro de los anuncios, el Gobierno incluyó una suma fija no remunerativa para los trabajadores privados que cobren hasta $400.000 netos, de $60.000 dividido en dos cuotas. Una medida que causó revuelo entre los empresarios. Según la AFIP, el Estado asumirá parte del costo, reduciendo las contribuciones patronales al 100% para 302.044 microempresas y del 50% para 48.273 pymes. Se verán beneficiados 5,5 millones de trabajadores, de los cuales menos de la mitad (2.450.559) cubrirá parte el Estado.
La medida llega luego de que el viernes se conociera el staff report que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del programa. En el documento, que consta de 116 páginas, remarcó que el costo fiscal debería reducirse entre un 11% entre agosto y diciembre para poder cumplir con las metas acordadas. En noviembre, se abrirán nuevamente las negociaciones entre el organismo multilateral de crédito y el Gobierno.
Sobre este punto, Castagneto afirmó que van a trabajar “fuertemente para que se cumplan con todos los compromisos” pactados el FMI y negó la posibilidad de que haya un ajuste impositivo a raíz de estas medidas.
“Simplemente, vamos a seguir trabajando con la matriz de riesgo. Con todos los trabajos que venimos haciendo hasta ahora, pueden ver que la recaudación no ha caído. Al contrario, hemos achicado mucho la brecha de IVA, porque la recaudación ha sido muy buena. Este mes también estamos muy bien en la recaudación de Ganancias, en aportes y contribuciones de la Seguridad Social”, completo.
LAS REPERCUSIONES
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, remarcó hoy el “impacto favorable” que van a tener las medidas anunciadas por su compañero de fórmula y afirmó que el objetivo es “pasar el mal trago” de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario.
En similar sentido, la ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, dijo esta mañana -al explicar el alcance de varias de las medidas- que las decisiones fueron pensadas para proteger “a los trabajadores y a los más humildes del país” en una situación “extremadamente restrictiva”, esencialmente motivada por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el sector privado, por su parte, en especial en lo que respecta a la decisión del pago de una suma fija para empleados, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su “profunda preocupación” por el compromiso que se deberá asumir y remarcó que “son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector”.
“La entidad -agregaron- es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación”, señaló la CAC, pero advirtió que “buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que acumula una década”.
En similar sentido, desde el sector pyme, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales fuera de su alcance”.
En ese sentido, CAME sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan “diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dijo que se trata de “anuncios importantes en un momento complicado, donde la gente necesita mejorar sus salarios. Esto viene a ser una recomposición a cuenta que había que hacerla ahora y es clave el acuerdo de precios que está haciendo el gobierno con los combustibles fijados a cero el aumento hasta noviembre”.
En similar sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró como “muy positivas” las medidas anunciadas por Massa, que apuntan principalmente a sostener la actividad, el consumo y el ingreso de divisas.
“En un contexto de aumentos de precios y costos que afectan en particular a los sectores más vulnerables del trabajo y la producción, “es imperioso recuperar y proteger el poder adquisitivo de la población, fortaleciendo la demanda en el mercado interno, y por lo tanto las ventas de las Mipymes”, señalaron desde Apyme.
Desde el sector gremial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, evaluó que las medidas “eran urgentes” para los trabajadores y consideró que el Gobierno “está encaminado”, pero “se quedó a medio camino” por los “condicionamientos e imposiciones del FMI”.
El dirigente de ATE Nacional explicó que “60 mil pesos era lo que se solicitaba como suma fija en marzo y la realidad es que la inflación (ahora) está mucho más disparada de lo que estaba en ese momento” y consideró que trabajadores municipales y provinciales “son los más afectados hoy en el universo de trabajadores estatales”.
Entre las voces críticas, el legislador porteño por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Gabriel Solano manifestó su disconformidad con el paquete de medidas y advirtió que “para enfrentar a (Javier) Milei es importante enfrentar el ajuste del Gobierno actual, responsable de la crisis social, económica y política”.
“Por eso impulsamos asambleas en todos los lugares de trabajo y un congreso de base con delegados de todas las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados”, apuntó Solano en un comunicado.