Manuel Adorni ya suma cinco denuncias en la Justicia Federal por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos, vuelos oficiales y privados, y posibles inconsistencias patrimoniales.
Las causas, aún en etapa preliminar, incluyen pedidos de informes a empresas aéreas, Migraciones y Aduana, además del análisis de registros audiovisuales. También se investigan denuncias por malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés relacionados con contratos estatales y actividades privadas vinculadas a su entorno.
En paralelo, se puso bajo la lupa una propiedad no declarada en un country de alto valor y movimientos económicos que no parecerían compatibles con sus ingresos declarados. Otras presentaciones judiciales amplían el foco hacia presuntas irregularidades en licitaciones y vínculos empresariales que podrían configurar esquemas de beneficios cruzados entre el Estado y privados. La Justicia deberá determinar si existen delitos o si se trata de operaciones legales, en un contexto donde el volumen y la diversidad de denuncias incrementan la presión política sobre el funcionario.
La diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen supuestas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones realizadas entre 2025 y 2026.
Según el escrito judicial, desde la Secretaría de Comunicación y Medios se habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para servicios de mensajería masiva, incluyendo el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierten presuntos vínculos societarios entre distintas firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría haber afectado los principios de competencia y transparencia que deben regir en las contrataciones públicas.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas entre sí. De comprobarse, estas maniobras podrían configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado. En ese sentido, la legisladora solicitó que se analicen en detalle los procedimientos administrativos y los eventuales beneficios obtenidos por las compañías involucradas.
A su vez, la dificultad para ordenar el frente comunicacional y elaborar una defensa expone límites en una estrategia oficialista que, hasta ahora, se basaba en la confrontación permanente. Parece que la agenda pública comienza a correrse de los temas que el oficialismo buscaba instalar. Santiago Caputo, que es quien debería estar elaborando la estrategia comunicacional de defensa del Gobierno, está cercado por la interna y amenazado por Karina Milei.
La desconfianza impide que el oficialismo elabore una respuesta unificada sólida.
Los escándalos de corrupción que rodean al oficialismo, como el de ANDIS, ahora el caso $Libra después de la revelación de chats y audios de Novelli, y las revelaciones sobre el patrimonio de Adorni, están erosionando fuertemente el sostén moral sobre el que se construyó el Gobierno: el enfrentamiento a la casta política.
$Libra es quizás el más grave, ya que están saliendo a la luz audios en los que se revelan pagos de millones de dólares eventualmente a Milei y Karina. Pero la complejidad propia del mundo cripto —su opacidad, su jerga técnica, la dificultad para seguir el rastro del dinero— vuelve todo más confuso para la opinión pública.
El caso Adorni, en cambio, impacta de lleno porque es mucho más tangible, más fácil de entender y de visualizar para la opinión pública. Además, Adorni, por su rol de vocero, candidato triunfante en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires el año pasado y ahora jefe de Gabinete es el funcionario más visible y representativo del Gobierno.
