Suman tres las denuncias penales por el escándalo de los préstamos del Banco Nación a miembros del gobierno nacional y legisladores nacionales cercanos al partido oficialista La Libertad Avanza. En el momento en que Furiase y Pedro Inchauspe recibieron los créditos millonarios, eran directores del Banco Central.
La primera denuncia fue presentada por la diputada nacional Mónica Frade que denunció por negociaciones incompatibles, cohecho, abuso de autoridad, defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público al ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y a los beneficiados por los créditos.
En esa lista de denunciados por Frade, según La Política Online, están los “caputistas” Federico Furiase (secretario de Finanzas), Felipe Núñez (director del BICE y asesor de Luis Caputo) y Pedro Inchauspe (director del BCRA). También los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani; y el director de YPF Emiliano Mongilardi. La causa cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Una nueva denuncia penal contra los créditos del Banco Nación a funcionarios complica al Banco Central. La presentación realizada este lunes pone el foco en una situación delicada: en el momento que Federico Furiase y Pedro Inchauspe recibieron los préstamos millonarios eran directores del Banco Central, que tiene a su cargo la supervisión de bancos como el Nación.
La nueva denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, pide que se investigue si el entonces encargado de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, cumplió en estos casos con sus obligaciones de supervisión.
La Justicia federal suma así dos denuncias penales por el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei y diputados nacionales de La Libertad Avanza.
Hay una tercera denuncia que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, que según fuentes de Comodoro Py se quedaría con la investigación.
La denuncia de Díaz Pascual que tiene Rafecas también apunta a Tillard y abre la pista del Banco Central con el pedio de investigación al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curuchet. Díaz Pascual es el primer denunciante de las coimas en la Andis, un año antes de que estallara el escándalo con los audios de Diego Spagnuolo.
Es que Inchauspe es director del BCRA y Furiase lo fue hasta hace semanas, y esa entidad es la encargada de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación. Todo apunta a un posible conflicto de intereses.
La denuncia pone el foco en el BCRA y especialmente en Juan Curuchet, que “tenía entre sus responsabilidades institucionales la supervisión del funcionamiento de las entidades financieras, la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de riesgo crediticio y la detección de eventuales irregularidades en las operaciones realizadas por los bancos bajo su control”.
La presentación apunta a que se investigue si el BNA realizó “el análisis de ingresos declarados, capacidad de endeudamiento, estabilidad laboral, patrimonio previo y nivel de riesgo crediticio”. La denuncia apunta al rol de Furiase y Núñez teniendo en cuenta que la conducción del Banco Nación “se encuentra necesariamente vinculada con las decisiones y lineamientos de la política económica definidos por el Ministerio de Economía”.
“Esta circunstancia reviste especial gravedad institucional si se considera que dichos funcionarios no eran simples particulares que acudieron al sistema bancario para solicitar un crédito, sino que se trataba de personas que participaban activamente en la formulación y ejecución de la política económica del Estado, manteniendo un vínculo directo con la conducción del sistema financiero público”, dice Díaz Pascual.
En el gobierno responden que el BCRA regula y supervisa el sistema bancario, pero no interviene en créditos individuales que los define cada entidad de acuerdo a su política comercial y a base a su propio fondeo y evaluación del riesgo. Pero la realidad es que el Banco Central es el responsable de la estabilidad del sistema y, por lo tanto, debe controlar que las entidades no pongan en riesgo esa estabilidad con un descontrol de préstamos.
También afirman en el gobierno que no existe ninguna norma que impida a funcionarios ser usuarios financieros y que excluirlos de los créditos sería arbitrario. La condición de funcionarios no los excluye, sostienen y agregan que no hay conflicto de interés per se si no hay intervención directa. Eso último es lo que deberá determinar la justicia.
En un momento de tensión total con Comodoro Py, que las causas queden en manos de Lijo es una mala noticia para la Casa Rosada, ya que el juez viene metiendo mucha presión en la investigación de los escándalos de Manuel Adorni.
Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación
Entre los señalados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.
Además, figuran como beneficiarios Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
El caso ya provocó consecuencias políticas internas. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió el desplazamiento de Leandro Massaccesi, quien figuraba en la lista de beneficiarios.
Si bien desde el Gobierno intentaron separar la salida de Massaccesi de la polémica por el crédito, el hecho generó ruido en el gabinete. En el caso de Gabriela Real, otra funcionaria de la misma cartera que posee un crédito activo, las fuentes oficiales justificaron su situación al señalar que el préstamo fue tramitado durante la gestión de Mauricio Macri, lo cual marca una diferencia temporal y administrativa.
Mientras avanza el proceso judicial, la Casa Rosada insiste en que el proyecto para capitalizar el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y cotizar en la Bolsa de Nueva York mantiene su vigencia. La causa por supuesta defraudación e incumplimiento de deberes sigue su curso bajo el análisis de Rafecas, quien deberá determinar si existieron irregularidades en el acceso al financiamiento de estos funcionarios.
