La joven santiagueña volvió al país tras más de dos meses en Río de Janeiro. La Justicia le retiró la tobillera electrónica y le permitió viajar. El proceso judicial continúa y se espera una definición en las próximas semanas.
Agostina Páez finalmente pudo regresar a la Argentina luego de haber permanecido casi dos meses en Brasil, donde estaba detenida en el marco de una causa por injuria racial. La propia joven confirmó su retorno a través de publicaciones en redes sociales, donde compartió imágenes junto a su equipo legal y expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido.
El regreso se produjo luego de que la Justicia de Río de Janeiro resolviera retirarle la tobillera electrónica, concederle un habeas corpus y devolverle su pasaporte, lo que la habilitó a salir del país vecino. La medida fue adoptada tras una serie de decisiones judiciales que modificaron su situación procesal.
Páez también destacó el rol de su defensa y del vicecónsul argentino en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz Rodríguez, a quien agradeció por haberla acompañado “en los momentos más difíciles”.
La autorización para que Páez pudiera volver a la Argentina no fue automática. El tribunal interviniente estableció dos condiciones centrales: por un lado, el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos, estimada en unos 18.500 dólares, y por otro, la obligación de mantener actualizados sus datos de domicilio y contacto.
El beneficio fue otorgado luego de que la joven reconociera haber cometido un agravio racista de tipo penal, pidiera disculpas tanto a las víctimas como a la sociedad y aceptara el marco de la causa en su contra. A partir de ese reconocimiento, los magistrados hicieron lugar al habeas corpus presentado por su defensa.
La letrada viajó finalmente en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, acompañada por su abogada Carla Junqueira, quien celebró el desenlace del operativo legal y calificó el traslado como una “misión de rescate cumplida con éxito”.
La resolución de la causa
A pesar del regreso al país, la situación judicial de Páez está lejos de cerrarse. La causa continúa su curso en Brasil, donde se espera una resolución en un plazo estimado de 15 días.
Inicialmente, la abogada enfrentaba tres denuncias, aunque en la última audiencia los cargos fueron unificados y la fiscalía solicitó una condena de dos años de prisión, que corresponde a la pena mínima prevista para este tipo de delito.
Entre las alternativas que analiza la Justicia brasileña se encuentra la posibilidad de homologar un acuerdo entre las partes, lo que implicaría mantener la condena pero sustituir la prisión por medidas alternativas, como trabajos comunitarios o la realización de cursos vinculados a derechos humanos.
El episodio que derivó en la detención ocurrió el 14 de enero en Ipanema, cuando Páez fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, motivaron la denuncia de uno de los trabajadores y el inicio de una investigación por parte de la Policía Civil. La pesquisa fue concluida el 23 de enero, cuando las autoridades consideraron que el material audiovisual constituía prueba suficiente para avanzar con la imputación.
Posteriormente, se incorporó a la causa un video de una cámara de seguridad en el que se observa a uno de los empleados gritando y realizando un gesto obsceno hacia la joven, elemento que fue utilizado por la defensa para presentar una denuncia penal complementaria.
