Luego de que el oficiaismo accediera a eliminar el artículo 44 de licencias médicas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con un total de 135 votos afirmativos. La oposición solo logró reunir 115 de negativas.
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).
En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.
Los principales puntos de la Ley
Entre los puntos más polémicos se encuentra la baja de las indemnizaciones por despido, que plantea que el sueldo que se va a tomar para el cálculo no es el mejor sino el sueldo básico. Se excluyen así conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. A su vez, establece la creación del cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financia a las empresas para que puedan despedir empleados y que fue fuertemente criticado por la oposición en el Senado.
Por otro lado, la reforma habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, y crea el banco de horas, que permitiría que las horas extra en vez de ser pagas sean “compensadas” en otra jornada laboral.
También se limitará el derecho a huelga y a realizar asambleas en horario laboral. Además, se declaran decenas de servicios como esenciales para limitar los paros, y restringir así la capacidad de lucha de los trabajadores.
La reforma crea un régimen específico para los servicios de reparto y movilidad a través de plataformas digitales que, en los hechos, establece que quienes realizan esas tareas sean considerados “prestadores independientes” y no trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro punto sensible del proyecto es la derogación de la Ley de Teletrabajo, vigente desde 2021. Esa norma regula el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías y garantiza que quienes realizan tareas desde su domicilio tengan los mismos derechos que el personal que trabaja de forma presencial.
Se derogan estatutos como el del Periodista, el del Peluquero y el del Viajante de Comercio, lo que busca eliminar regulaciones particulares que durante décadas establecieron condiciones propias para cada sector. También se afecta al Incaa, porque se elimina el fondo que financia y sostiene a la industria audiovisual argentina.
La reforma, igualmente ataca la prioridad que tenían los convenios por empresa sobre los convenios de actividad. Actualmente, un sindicato nacional negocia un piso de derechos para toda la rama, pero con la reforma, cada empresa puede negociar condiciones inferiores a ese piso nacional.
