Estas medidas se dan en un contexto de caída de la actividad en la provincia y a nivel nacional. Según un indicador elaborado por el Banco Provincia que analiza la actividad en tiempo real, la economía bonaerense cayó 0,4% en el promedio de las últimas cuatro semanas, que incluye la tercera y cuarta de julio y las dos primeras de agosto.
En medio de un contexto desafiante, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una serie de medidas para acompañar a las pymes a través de un esquema de alivio y simplificación impositiva, que entraron en vigencia esta semana.
“Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15.000 unidades productivas y se perdieron casi 224.000 puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.
La medida anunciada por el Gobierno de Axel Kicillof que entró en vigencia este martes es la suspensión hasta el 31 de diciembre de este año de las medidas cautelares previstas por el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.
Así es que hasta fin de año, ARBA dejará de trabar embargos sobre cuentas bancarias. “Las deudas se van a seguir reclamando, pero sin afectar el capital de trabajo que las empresas necesitan para funcionar día a día”, explicaron.
“El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”, explicaron.
Según informó el Banco Central, los cheques rechazados en junio por falta de fondos fueron 1,36% en cantidades y 1,05% en montos reales, lo que representa una leve disminución de 0,03 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales respecto a mayo, respectivamente.
Ambos se mantienen por encima de los niveles de un año atrás (0,87 puntos porcentuales en la variación interanual en cantidades y 0,73 en montos reales).
Otras de las medidas aplicadas por el Gobierno bonaerense se destacan el nuevo régimen de Saldos a Favor (SAF) que ajusta alícuotas para evitar que se acumulen los saldos y permita liberar capital de trabajo.
Además, entra en vigencia el reordenamiento de agentes de recaudación a través de la implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio y suspensión de agentes incumplidores para un sistema más equitativo.
Agilizarán también la devolución de saldos a favor a través de la ampliación del tope de devolución automática, llevándolo de $1 millón a $3,5 millones. La acreditación será en hasta 72 horas.
Por último, se incorporará automáticamente al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos a los monotributistas que aún no hayan adherido a este esquema.
El beneficio se aplicaría a los monotributistas, dejarán de tener retenciones y percepciones, no presentarán más declaraciones juradas y harán un pago único en monotributo e ingresos brutos en ARCA.
Este paquete es de carácter excepcional y transitorio, y “responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago”.
