La nueva ley para universidades impone actualizaciones por lo perdido en 2024 y el corriente año, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias. La iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. La recomposición salarial hospitalaria “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023, logró también más de los dos tercios de los votos, con 62 adhesiones y ocho rechazos. El Ejecutivo se apresta a vetar todo.
La oposición en el Senado le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.
Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y . La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
LA EMERGENCIA PEDIÁTRICA
Al cierre del jueves, el pleno de la Cámara alta sancionó, con una abrumadora mayoría opositora que sobrepasó los dos tercios de los votos, la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, con el Hospital Garrahan como emblema. La iniciativa, que será vetada por el Ejecutivo, obtuvo 62 adhesiones y ocho rechazos que vinieron del bloque libertario y la macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que tuvo una semana para el olvido y cargada de polémicas sin cesar relacionadas con este tema.
Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
“¿Cuánto cuesta que los 28.000 niños que se atienden anualmente en el Garrahan internados por patologías complejas no sean atendidos, o que queden con secuelas? Nada de nuestro presupuesto vale lo que vale la salud”, enfatizó en su discurso la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, la exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci.
Minutos después, el recinto viró a un silencio atronador con las palabras de un Luis Juez (PRO, al menos, en los papeles) al borde del quiebre. “Mi hija es expaciente del Garrahan y, cuando uno se desespera como padre, el primer mensaje es vayan al Garrahan’. Uno se nubla en ese momento, piensa en lo peor. Y todo nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No lo sé, pero es la única que tenemos como padres y la construimos en el Garrahan. Por ese sólo hecho merece ser tratado de esta manera”, manifestó.
Luego, dijo: “Me he mantenido en silencio y quizá muchas veces sea lo mejor, pero hay cosas que no puedo evitar decir, no me puedo callar la boca. Después, ¿cómo vuelvo a mi casa? He administrado situaciones, pero éstas son cosas que superan los números. Tenemos un equipo de excelencia construido con muchísimos años de estudio y de dolor, ya que -los médicos- sufren al lado de nuestros hijos. Esa gente necesita ser cuidada. Necesitamos tener empatía suficiente, son insustituibles y hablo por los cientos de miles de papás”.
