Se vienen tiempos de crisis económica muy intensa, con el agravante de que será imperioso reducir el gasto público, por exigencia de FMI y para ordenar la macroeconomía. Como demuestran estudios de las ciencias sociales, estas situaciones traen aparejado un aumento de la violencia social y de los hechos delictivos.
Por el Dr. Román Alberto Uez*
Nuestra justicia y las fuerzas de seguridad, no tienen la tecnología ni la capacidad para abordar con éxito una nueva ola de hechos delictivos.
Ante estas circunstancias, hay que agudizar el ingenio y recurrir a las mejores tecnologías.
Así, se podrá dotar a la justicia y a las fuerzas de seguridad de los instrumentos necesarios para documentar la prueba del delito, detectar modus operandi y ubicación de los sujetos que se encuentran abocados a cometer ilícitos. Ello, hará posible su detención y juzgamiento con la mayor eficiencia y eficacia, sin violentar sus derechos de defensa y debido proceso.
Hay delitos que, por el nivel de daño social que causan y el sentimiento de aberración que generan, deben ser prioridad en el accionar estatal. La adopción de este tipo de recursos tecnológicos generará percepción de la presencia del Estado y de la capacidad su fuerza para proteger a la ciudadanía.
Si los delincuentes se sienten ganadores, la población se percibe desprotegida, lo cual aumenta el desprecio hacia la Justicia y la política.
Estos delitos son: la trata de personas, la pedofilia y el narcotráfico. Para combatir ilícitos, hay que dominar la forma de comunicación que utilizan los delincuentes que los practican. (Recomiendo ver sobre el tema la serie estadounidense denominada “The Wire” y la película “The Artificial Girl”).
Controlando los medios de comunicación de los delincuentes es posible documentar todo el iter criminis de forma digital y segura, haciendo posible la recolección de toda la prueba incriminatoria, sin violar los derechos de defensa en juicio y debido proceso.
Además, la utilización de este recurso generará aprendizaje en cada caso, e información sobre las nuevas modalidades con que se cometen los ilícitos más recientes.
Finalmente, permitirá el arresto y recolección de pruebas con la intervención del personal policial estrictamente necesario y capacitado para el enfrenamiento armado, reduciendo bajas, daños y la fuga de información, producidas por infiltraciones de las bandas en las fuerzas de seguridad.
Los tres tipos de delitos mencionados utilizan internet, ya sea canales de comunicación (Whatsapp, Telegram, etc.) o redes sociales (Facebook, Instagram, etc.), en sus interacciones y en la comercialización de los productos delictivos que ofrecen en el mercado ilegal. Para ingresar en su mundo, sin riesgos, es posible la creación de robots digitales, programados con Inteligencia Artificial.
Así, será posible simular ser potenciales víctimas, compradores u otros delincuentes dedicados al rubro y lograr la interacción necesaria para documentar digitalmente toda la prueba relevante, geolocalizar los IP donde operan, concertar una cita para cerrar tratos sobre el producto que intentan comerciar, proceder a la detención y desbaratamiento de la banda.
Este sistema tiene diversas ventajas.
En primer lugar, el robot digital se alimenta permanentemente con los nuevos datos ingresados en las investigaciones en curso. Esto lo hace cada vez más experto para lograr contacto y cerrar tratos con los delincuentes, porque conoce sus códigos, lenguajes, costumbres y actores del ambiente.
Adicionalmente, no se arriesgan vidas, pues la infiltración es digital y, por ser un robot, puede trabajar sin cesar todos los días, a toda hora y en todas las conexiones o investigaciones, que soporte la capacidad de sistemas operativos, hardware y software con los cuales se lo diseñe.
Es el sueño del buen policía: un agente encubierto que pueda trabajar constantemente y en todos los casos abiertos, sin violar los derechos constitucionales.
Por supuesto que, para llevar este recurso a la práctica cotidiana habrá que transitar distintos procesos técnicos, logísticos y normativos.
Este tipo de sistemas se pueden construir en el país, con programadores locales, o adquirir la franquicia de algún modelo ya construido en el exterior, adaptándolo al lenguaje, costumbres y necesidades locales.
Para la introducción de esta herramienta, el robot digital debería estar bajo control de personal policial especializado en informática, para su monitoreo y mantenimiento, que tenga claros protocolos de actuación ante un evento concreto.
Por ejemplo, detectado un caso, se debería efectuar la denuncia judicial pertinente para que la justicia controle la recolección de pruebas digitales y detención de los imputados.
Para evitar nulidades, el programa del robot no debe contener situaciones donde el robot incite a cometer el delito investigado[i] (Giménez, 2019): una fina línea donde los programadores deberán usar todo su ingenio.
En Holanda, un robot de este tipo identificó a veinte mil pedófilos. Sin embargo, fueron liberados dado que el robot -según el Superior Tribunal Europeo- se excedió en sus funciones, pues incitó[ii] (Giménez, 2019, pp. 828-830) a cometer el delito que se investigaba.
Por estas razones, a fin de resguardar el proceso, evitar nulidades, y asegurar el respeto por los derechos constitucionales implicados en el juzgamiento, sería conveniente que el Poder Legislativo Nacional incorporara al Código Procesal Penal Nacional, este tipo de recurso tecnológico.
Sin dudas, la inserción de estos robots digitales construidos con inteligencia artificial y que constituyen “agentes encubiertos digitales”, como colaboradores de las fuerzas de seguridad y de la justicia, permitirá mejorar su funcionamiento y utilización de tecnología de punta en el proceso penal.
*Por el Dr. Román Alberto Uez, abogado y socio fundador de Ratio Consultores, Magíster en Derecho Administrativo y Magíster en Política, Ciencia y Tecnología (cursado finalizado en preparación de tesis final).
