Se obligará a los organismos públicos nacionales a vender los bonos en dólares y canjearlos por nuevos títulos en pesos, que emitirá el Tesoro para dar liquidez al CCL y al dólar MEP. Por otro lado, La AFIP modificó parcialmente el régimen de percepción del IVA establecido en febrero, elevando de $ 60 a $ 3.000 el monto mínimo de esa operación para las ventas de alimentos (excepto carnes, frutas y hortalizas), bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza.
El Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central (BCRA) pusieron en marcha una nueva estrategia para lograr tres objetivos concretos: conseguir financiamiento para cubrir el déficit del año, estabilizar los tipos de cambio financieros y retirar pesos de circulación. Para ello, se pesificará deuda en dólares de los organismos estatales –como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses– y la privatizará, ya que obligará a esos entes a vender los títulos en dólares al mercado para dar liquidez al contado con liquidación (CCL) y al MEP.
El Tesoro publicó un decreto que obligará a todos los organismos públicos nacionales a canjear su deuda soberana en dólares bajo ley internacional –los bonos globales (GD)– por nuevos bonos en pesos que emitirá el Tesoro. Esto equivale a US$4000 millones, según dijeron fuentes oficiales. “Vamos a absorber globales, para bajar la deuda externa argentina en US$4000 millones y las vamos a deslistar. Esto achica la emisión y mejora el valor de esos bonos en dólares”, explicaron en el Palacio de Hacienda.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía también obligará a los organismos a vender los bonos en dólares bajo legislación local –los bonares (AL30, AL35 y AL38)– en el mercado a privados, para darle liquidez a los tipos de cambio financieros y, de esta forma, quitarle presión a la brecha cambiaria. “El Ministerio de Economía concentrará el manejo de esos instrumentos, que hoy están diseminados en distintos organismos del sector público, en coordinación con BCRA”, dijeron fuentes cercanas al ministro Sergio Massa.
La contracara de esta medida es que Economía pasará de tener deuda que está en manos del sector público para venderla a privados, a cotizaciones muy bajas. De hecho, hace solo dos meses, la estrategia de Economía era aprovechar que la deuda soberana estaba “barata” para salir a recomprarla, pese a que vencía dentro de más de 10 años. El FMI prohibió usar reservas para realizar esta maniobra, cuyo objetivo principal era controlar el CCL.
El mismo Ministerio de Economía publicará un cronograma con las licitaciones que deberá hacer cada ente público. Con los pesos que obtengan estos organismos, podrán ir al Tesoro a comprar nuevos títulos, lo que a su vez le permitirá al fisco obtener fondos frescos para financiar el déficit. Según indicaron en el equipo de Massa, Hacienda espera obtener de esta manera alrededor de $2 billones en los próximos 120 días.
“En años electorales, el proceso de cobertura en instrumentos en dólares aumenta. También la sequía y la situación financiera internacional pone más presión al mercado cambiario. Nosotros nos estamos anticipando para que [la presión dolarizadora] no nos agarre en julio. Si no nos anticipamos, cuando lo vamos a buscar es tarde. Además, con el canje y las licitaciones, más lo que el Fondo Monetario Internacional habilite de adelantos transitorios, tendríamos el financiamiento cubierto. Eso dejó de ser un problema”, dijeron, con entusiasmo, fuentes cercanas a Massa.
El Palacio de Hacienda busca así también absorber pesos de la economía, porque, según estiman, bajará la necesidad de pedir adelantos transitorios del Banco Central y de obtener más financiamiento neto de las licitaciones de deuda. Si las empresas y fondos comunes de inversión, a su vez, deciden dolarizarse, esto generará como efecto secundario que se reduzcan las licitaciones de Leliq y baje la deuda cuasi fiscal del BCRA.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central emitirán resoluciones complementarias para reducir las restricciones que tenían fondos comunes de inversión, Alycs y empresas para operar con los dólares financieros. Por ejemplo, hasta ahora, aquellas empresas que compraban MEP o CCL no podían luego acceder al mercado único y libre de cambios (MULC). “Se busca levantar algunas restricciones cambiarias, como primer paso hacia un principio de normalización”, dijeron en el Palacio de Hacienda.
Según cálculos oficiales, la deuda total en dólares intrasector público equivale a US$35.000 millones, aunque no todos esos títulos se podrán a disposición del mercado. Fuentes oficiales estiman que, en el mejor de los escenarios, se venderían menos de US$7000 millones. “Queremos reducir la volatilidad de los tipos de cambios financieros, porque cuando miran todo el sector público, dentro del Estado hay más de US$35.000 millones en instrumentos en dólares”, dijeron.
El equipo de Massa espera de estas medidas “absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación” y “reducir deuda en dólares bajo legislación extranjera”, según indicaron.
Elevan el monto de percepción de IVA para venta de alimentos, artículos de higiene y limpieza
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó parcialmente el régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecido en febrero, elevando de $ 60 a $ 3.000 el monto mínimo de esa operación para las ventas de alimentos (excepto carnes, frutas y hortalizas), bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza.
La medida se plasmó en la Resolución General 5334/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, que modifica por “razones de administración tributaria” los artículos 8 y 11 de la RG 5329 del 10 de febrero, que estableció una percepción del 3% aplicado “sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente”.
En los hechos, la medida implica subir el piso de las operaciones comprendidas por el régimen de $ 2.000 a $ 100.000, luego de un pedido de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), en el sentido de “aplazar la fecha de implementación” y “revisar el importe mínimo de las operaciones alcanzadas”.
La fecha de aplicación se mantuvo “para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día 1 de abril de 2023, inclusive”, tal como se especificó la resolución original, pero el importe mínimo se elevó de $ 60 (es decir, el 3% de una venta de $ 2.000) a $ 3.000 (el mismo porcentaje para una transacción de $ 100.000).
La resolución publicada hoy modifica parte del artículo 8, que en su redacción original señalaba como pasibles del régimen a los responsables inscriptos que “adquieran” alimentos (excepto carnes, frutas y hortalizas), bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza.
En la modificación se precisa el alcance a quienes “adquieran y comercialicen, sin transformación alguna”.
En cuanto al artículo 11, se cambia el último párrafo que ahora indica que “corresponderá efectuar la percepción únicamente cuando el monto de la misma supere los $ 3.000 (antes $ 60), límite que operará en relación a cada una de las transacciones alcanzadas por el presente régimen”.
La RG 5329 implementó el Programa de Monitoreo Fiscal con el objetivo de controlar en tiempo real las declaraciones juradas que presenten los contribuyentes y responsables, a fin de optimizar la capacidad operativa y de control de la AFIP a través de la incorporación de nuevas modalidades que permitan inferir anticipadamente la magnitud de las obligaciones fiscales.
Asimismo, en su título segundo, estableció un régimen de percepción del IVA de los productos mencionados que se realicen entre sujetos que revistan la calidad de responsables inscriptos en el gravamen.
