La Corte rechazó un pedido del INAI para entregar tierras a supuestos pueblos originarios mientras en Diputados el oficialismo insiste con el juicio político

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El máximo tribunal concretó este jueves su primer encuentro del año con el pleno de los miembros y rechazó por extemporáneo un recurso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dejando firme una sentencia que anulaba la cesión de las tierras, a la par de un trámite de juicio político pedido por el gobierno de Alberto Fernández con nulas chances de prosperar porque no cuenta con los votos en ninguna de las dos cámaras y requeriría del apoyo de sectores de la oposición.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con lo que dejó sin efecto el otorgamiento de 481 hectáreas de tierras a la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, en la zona de Sierra Ventana, cerca de Bariloche, Río Negro.

El conflicto ya lleva 22 años y tuvo episodios violentos, enfrentamientos, detenidos y hasta heridos. El lugar que motivó del conflicto es una zona boscosa, situada a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche, cerca de la ruta 40.

Emilio Friedrich inició un amparo contra el INAI, para que se declare la nulidad de la resolución 90/20 del organismo estatal por medio de la cual se reconoció a la Comunidad Lof Che Buenuleo la posesión “continua y tradicional” de 92 hectáreas en Bariloche, cuya propiedad invocaba el empresario.

El 21 de diciembre de 2021, Friedrich logró que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le diera la razón y declarara la nulidad de la resolución. El tribunal entendió en ese momento que no se había cumplido con el procedimiento administrativo. “El derecho a reivindicar la propiedad de los territorios aborígenes no es absoluto”, dijo entonces la Cámara integrada por los jueces Marcelo Duffy, Joreg Morán y Rogelio Vincenti.

Contra esa decisión, el INAI presentó un recurso extraordinario, que le fue denegado. Consecuentemente, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo hizo una vez que se había vencido el plazo legal establecido para hacerlo.

En virtud de ello, la Corte rechazó el recurso por extemporáneo, y por eso quedó firme la sentencia de Cámara que habia anulado la cesión de las todas las tierras, incluidas las 92 hectáreas de Friedrich.

La reunión de los cuatro integrantes del máximo tribunal se inició a media mañana en el Palacio de Tribunales, mientras a poco más de un kilómetro la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se disponía a tratar el pedido contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda .

La contingencia de un pedido de destitución se coló en la reunión de acuerdos, que discute votos, fallos y cuestiones administrativas, y se analizó con expresiones de “apoyo mutuo” de los ministros, según coincidieron fuentes del tribunal.

El bloque oficialista fundamentó su pedido de juicio político por “mal desempeño” y la eventual comisión de delitos en catorce acusaciones que contemplan unos sesenta casos y logró los votos necesarios para aprobar la admisibilidad de los expedientes contra los cuatro magistrados.

Tras una larga reunión, que discutió también el pedido de inadmisibilidad de Juntos por el Cambio y otras fuerzas de la oposición, la Comisión aprobó iniciar el cuestionamiento por 16 votos a favor y 15 negativos.

Si bien no decidió sobre los temas sensibles como la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires o la integración del Consejo del Magistratura, la Corte firmó más de 200 fallos hoy, la mayoría de ellos considerando “inadmisible” la intervención de la máxima instancia de justicia, mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Salvando los rechazos, la Corte resolvió sobre temas penales, laborales y también tomó decisiones administrativas para logística y las áreas periciales.

El tribunal supremo inició así un año con una agenda de alto impacto político-económico.

En cuanto a la coparticipación, la Corte falló en diciembre pasado a favor de la Ciudad en su disputa con la Nación por los fondos y elevó su participación al 2,95% de los fondos distribuibles.

El Gobierno recurrió inmediatamente la decisión y solicitó que el tribunal se forme con conjueces que no hayan participado del fallo y sobre esos pedidos tiene pendiente una definición la Corte.

Sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, la Corte definió que la separación del bloque oficialista había sido un “ardid” para tener más representantes y que por tanto la banca correspondía a la oposición.

El oficialismo ratificó su designación del senador Martín Doñate y como respuesta la Corte dejó pendiente el juramento de los cuatro senadores, con lo cual todavía está pendiente de integración el órgano que selecciona y eleva ternas de jueces al Poder Ejecutivo.

El conflicto de poderes se agudizó el miércoles para Rosatti, cuando la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó una recusación en contra del magistrado con la convicción de que, como presidente del Consejo, no puede intervenir porque sería “juez y parte”.

La Corte, como cabeza de uno de los poderes de la democracia, desde su primera integración en 1863, hasta la objeción del presidente Alberto Fernández, sólo dos veces fue cuestionada por la vía del juicio político.