El Senado francés rechazó por amplia mayoría la ley de vacunación obligatoria contra el COVID-19

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La Cámara Alta de Francia sometió esta semana a votación la propuesta de ley para la vacunación obligatoria de toda la población contra la COVID-19, el resultado ha sido abrumador: de un total de 326 votos emitidos, el rechazo se ha hecho evidente por 262 senadores. Con esta votación, la vacuna contra la COVID-19 no estará en el listado de vacunas obligatorias. 

Otro revés para los partidarios de la vacunación obligatoria contra el covid-19 en la población general, de la misma manera que las 11 vacunas impuestas a los niños nacidos a partir de 2018. El Senado no aprobó el proyecto de ley “que introduce la vacunación obligatoria contra el SARS-CoV-2”. El texto, presentado por los miembros del Grupo Socialista a finales de agosto, fue rechazado el 13 de octubre en sesión pública, por 262 votos a favor y 64 en contra. Por lo tanto, esta iniciativa parlamentaria no irá más allá.

Sólo casi todo el Grupo Socialista, que está detrás del texto, votó a favor del texto, al que sólo se unieron tres colegas del centro y la derecha. Los otros grupos prefirieron rechazarlo. 14 senadores, de diversas tendencias, optaron por abstenerse. El gobierno, a través de la voz de Adrien Taquet, también expresó su oposición. “Preferimos convencer que coaccionar”, insistió el secretario de Estado de Infancia y Familia.

La semana pasada, el texto ya no había convencido a la Comisión de Asuntos Sociales en su gran mayoría. Ya el 24 de julio, los senadores socialistas intentaron insertar esta disposición modificando el proyecto de ley que introduce la vacunación obligatoria entre los cuidadores y el pase sanitario. Fue rechazada por 262 votos a favor y 76 en contra.

“Un debate que hoy parece anticuado”
Mientras tanto, la cobertura de vacunación del país ha seguido aumentando, especialmente desde la entrada en vigor del pase de salud, una herramienta que el gobierno desea poder utilizar, si es necesario, hasta el 31 de julio de 2022. El miércoles se presentó un proyecto de ley en este sentido. Sin embargo, los efectos del pase sanitario, que ha llevado a la gente a acudir a los centros de vacunación sin decirlo, “se están quedando sin vapor”, según Bernard Jomier. El ponente, miembro del Grupo Ecologista y Republicano Socialista, recordó durante los debates introductorios sobre la obligación de vacunación que aún quedaban “9 millones de personas por inmunizar” contra el coronavirus. “La verdad de los hechos es que las vacunas contra el covid-19 son efectivas, como pocas vacunas lo han sido, que son seguras y que son nuestra mejor arma”, argumentó.

Tampoco a finales de julio se escuchó a los socialistas en las otras bancadas sobre la necesidad de introducir esta obligación, que consideran clara e igualitaria. Actualmente, solo los cuidadores han tenido que cumplir. El 99,4% de ellos lo ha hecho, según el Ministerio de Sanidad. En los otros grupos, muchos cuestionaron la temporalidad de la obligación general. “Reviviría un debate que ahora parece anticuado”, dijo la senadora Véronique Guillotin (RDSE, un grupo con mayoría radical). “Tendrá un efecto totalmente contraproducente y convertirá aún más a los más refractarios”, advirtió el senador LREM Martin Lévrier. Otra crítica recurrente escuchada en los debates: ¿cómo garantizar que se cumpla la obligación? “Esto podría desacreditar la acción pública”, advirtió el senador LR Philippe Mouiller.

Ecologistas, comunistas y centristas han insistido en la necesidad de esfuerzos para “ir” al público ausente de los centros de vacunación. “Ahora debemos hacerlo caso por caso, encontrar medios humanos para conseguir los últimos, que no son todos antivacíos sino simplemente distantes. No es una obligación general lo que va a lograr esto”, defendió Nadia Sollogoub (Unión Centrista). Adrien Taquet también ha dañado su satisfacción con la campaña francesa, que ha llevado a “una de las mejores portadas de Europa”. El 15% de los mayores de 80 años siguen desaparecidos. Este es un nivel aún “más bajo” de lo esperado, admitió. En su informe, Bernard Jomier hizo una amarga comparación con España, Dinamarca o Irlanda, donde el 100% de este público recibió sus dosis. La obligación general de vacunación tendría el mérito, según su lógica, de obligar al Estado a garantizar una obligación de medios. Adrien Taquet prometió continuar “las operaciones de go-to, refinándolas aún más hacia el público más alejado de los sistemas de atención”.

Patrick Kanner, presidente del Grupo Socialista, “creía” que estos argumentos “completamente delirantes” estaban “reservados para el sr. Philippot”. “No estamos en un experimento. Tienen una autorización de comercialización, y una autorización de comercialización no significa que se termine con los procesos de monitoreo y farmacovigilancia”, dijo Bernard Jomier, y agregó que el regulador estadounidense (la FDA) había aprobado definitivamente la vacuna de Pfizer-BioNtech.

El grupo LR no se quedó fuera. La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Catherine Deroche, ha deplorado “las explicaciones que son las del antivax”. Alain Milon expresó su “vergüenza” ante “comentarios completamente inadmisibles”. Como dicta el procedimiento, Adrien Taquet también dio su opinión sobre la enmienda. “No puedo dejar que la implicación sobre la naturaleza experimental e incontrolada de estas vacunas pase por esta cámara”. “Si decimos que no puedo dejaresto o aquello, entonces, en ese momento, la democracia ya no tiene sentido”, respondió Loïc Hervé, el segundo firmante de la enmienda.

Aunque los socialistas no fueron apoyados políticamente en su propuesta, su derecho a tomar una iniciativa privada fue apoyado. La centrista Nadia Sollogoub dirigió un pensamiento a sus colegas del PS, víctimas de una “avalancha de amenazas intolerables”. También se hará justicia. “No legislamos sobre el audiómetro ni sobre el sonómetro”, dijo el senador centrista.