El oficialismo avanza en aprobar un proyecto que suspende las SAS, amplio rechazo de emprendedores

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El bloque progubernamental de la Cámara de Diputados impuso el miércoles pasado el dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General sobre el proyecto de ley en revisión sobre todas las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). “Se crearon 40.000 empresas, que se suspenda es parte de un relato, muestra que están en contra de los emprendedores, de la creación de empleo”, dicen desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

El Frente de Todos obtuvo 17 firmas y el rechazo de Juntos por el Cambio sumó 10, en tanto que el mendocino José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, presentará un tercer dictamen.

La iniciativa -que cuenta con media sanción del Senado- suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se implementó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.

Por Juntos por el Cambio, el referente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, indicó: “Este proyecto crea muchísimas más trabas, establece regulaciones innecesarias, vuelve al papel en vez de fomentar la digitalización, deja al arbitrio discrecional de funcionarios requisitos. Es un ataque a los emprendedores”.

 Ferraro dijo que la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas recomiendan este tipo de sociedades. “Nosotros consideramos que las SAS son un éxito por su bajo costo y por el dinamismo, dado que en tres años crecieron un 50% más que otros tipos societarios. Y esta modificación es completamente innecesaria”, afirmó.

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Ferraro cuestionó el polémico proyecto oficialista

Y en ese escenario, el proyecto de ley “afecta fundamentalmente a pequeños y medianos emprendedores, a la industria del conocimiento, a empresas familias que buscan comenzar a operar con una figura jurídica. Ahora, con este cambio, van a tener muchísimos más requisitos y costos para obtener una SAS”.

Y las sociedades ya inscriptas también van a ser perjudicadas con esta ley, porque deberán presentar estados contables, situación patrimonial, estado de resultados y ejercicios económicos cerrados desde su constitución, entre otros papeles. La no presentación las hace pasibles de multas para cada uno de los socios”, advirtió Ferraro. Y el costo para poder transformar una SAS a otro tipo societario supera los 100.000 pesos en gastos.

Al explicar su posición, Ramón señaló: “Lo que pretende este proyecto es echar por tierra con las SAS. Por más dudas que existan sobre la legalidad en su funcionamiento no podemos echar por tierra con un sistema que está funcionando”.

Más de 40.000 empresas se crearon como SAS desde 2017. Que se suspenda es parte de un relato, muestra que están en contra de los emprendedores, de la creación de empleo. Volver a la ley de sociedades, que es de 1972 o de SRL, que es de los años 40 es como aplicar la tecnología de un auto de la década del 60 para compañías de tecnología del siglo XXI”, describió Manuel Tanoira, cofundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que representa a más de 30.000 emprendedores en el país.

ASEA aseguró por medio de un comunicado que “el proyecto establece exigencia de volver al soporte papel. Esto representa un contrasentido en relación a un tipo societario pensado de manera absolutamente digital, especialmente en un contexto en el que la pandemia está catalizando la digitalización de toda la actividad económica”.

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Desde ASEA, afirman que el proyecto oficialista “muestra que están en contra de los emprendedores, de la creación de empleo”

Desde ASEA señalaron el impacto que tendrá cada uno de los puntos de la ley, en caso de que se paruebe. Según detallaron, al agregar el requisito de inscripción en un registro de emprendedores se genera más burocracia y mayores costos y también se promueve la informalidad. Además, aseguraron que se le aplicaría a las SAS toda la normativa de una sociedad anónima.“Pierde sentido constituir una SAS si tiene peor regulación que una SA”, indiciaron losemprendedores.

El proyecto enviado por el Senado comenzó a ser analizado por la comisión que preside la ahora oficialista Cecilia Moreau el 28 de septiembre del año pasado y el miércoles finalmente logró su aval para ser considerado por el plenario.

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Fernanda Vallejos, la diputada ultraoficialista que reclama por su “bajo salario” y contra las SAS

Para la diputada ultraoficialista Vallejos, el sistema de las SAS está vinculado con la médula de la “corrupción estructural” del sistema. “Lamentablemente, no puede disociarse de esto al macrismo, que fue el que creó este sistema. Muchas de estas SAS se constituyeron con el supuesto objeto de un negocio determinado, pero sin embargo, a los pocos días de su constitución, ocurrieron operaciones inmobiliarias millonarias en dólares”, recordó. Y aseguró que, en general, no son emprendedores quienes están detrás de estas sociedades, si no que funcionan como una cáscara para actividades irregulares.

Pero contradice a los dichos de Vallejos, Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, que indica: “El argumento de que las SAS se crean para hacer fraude o lavar dinero no tiene sentido. De todas las SAS que se crearon no hubo ningún caso de imputados por esos delitos. Una sociedad que tiene toda su información online es más fácil de controlar. Los países que implementan trámites digitales después no dan marcha atrás, no vuelven al papel. Se pueden poner más controles, pero no destruir un tipo societario”

En su articulado, la iniciativa establece que, para su inscripción, todas las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores a que hace mención el Título I de la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE). Igual recaudo deberán satisfacer las SAS ya constituidas.

También determina que el RICE deberá exportar electrónicamente su base completa de datos a la Inspección General de Justicia de la Nación y a los demás Registros Públicos de cada jurisdicción dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde la vigencia de la ley.

Lo mismo deberá efectuarse con toda inscripción que se produzca en el RICE en forma sobreviniente, dentro del plazo de 2 días hábiles administrativos, de modo que los Registros Públicos correspondientes puedan efectuar el debido control de legalidad.

Prevé además la suspensión de constitución e inscripción de SAS: se suspenderá por el plazo de 180 días corridos la constitución e inscripción de SAS y toda tramitación de los actos concernientes a su operatoria, que requieran inscripción a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Durante este lapso, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada Registro Público.

Asimismo, se dispondrá el traspaso inmediato del registro digital de SAS administrado por el GDE al libro o libros de registro que disponga la autoridad de control, sea la Inspección General de Justicia de la Nación o los Registros Públicos del interior del país, bajo su administración, control y mantenimiento exclusivo.

Sobre la acreditación de la inscripción en el RICE, los emprendedores que integren SAS deberán acreditar ante los registros públicos respectivos dentro del plazo de 180 días.

La omisión impondrá la transformación de la SAS en Sociedad Anónima o en Sociedad de Responsabilidad Limitada, según las disposiciones correspondientes de la ley N° 19.550.

En relación a la presentación de estados contables, las SAS inscriptas deberán presentar al Registro Público de su domicilio sus estados contables correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde su constitución.

La falta de presentación hará aplicable a los miembros de los órganos de administración y/o fiscalización, por cada estado contable omitido, la sanción de multa, en el monto máximo establecido en la ley N° 19.550.