El máximo tribunal avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en su conflicto con la Casa Rosada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021, cuya vigencia finalizó el viernes último pero cuyo objeto fue prorrogado con otra norma, el DNU 287/2021, que dispuso que en las zonas bajo “alerta epidemiológica y sanitaria” por la pandemia de coronavirus, las clases serán dictadas “exclusivamente a distancia” en todos los niveles educativos.

El 16 de abril pasado, el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, había presentado ante la Corte una “acción declarativa de inconstitucional” contra el Poder Ejecutivo Nacional, al afirmar que la norma presidencial había sido dictada “sin necesidad” y que lo que se dispuso por decreto “debió hacerse con intervención del Congreso Nacional”.

La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de  Buenos Aires - elDiarioAR.com

En coincidencia con un dictámenes previos de la Procuración General de la Nación, la Corte primero declaró su competencia originaria en la causa y este martes, al término de un acuerdo virtual, la decisión hizo lugar a la demanda, a la que Estado Nacional se había opuesto a partir de la situación epidemiológica y la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En el marco del proceso “sumarísimo”, el gobierno porteño sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del “AMBA” que, si bien la abarca, no debe ser contemplada de manera genérica debido a que “la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden”.

La Corte recordó que, “a partir de la reforma del año 1994 la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129, según el cual “tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”.

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Según informaron fuentes del tribunal, el fallo está formado por tres votos diferentes, pero en una parte dispositiva común la Corte sostuvo: “Se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los tres voto que integran la sentencia son: uno de Carlos Rosenkrantz, uno de Ricardo Lorenzetti y otro de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda juntos. Elena Highton, que había sostenido que este caso no era de competencia de la Corte Suprema, no votó. El fallo fue en respuesta a la demanda que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra el decreto presidencial que suspendió por 15 días las clases presenciales. Ese decreto estuvo vigente hasta el viernes pasado. Ese día, el Presidente extendió la suspensión con otro decreto nuevo.

En su voto conjunto, Rosatti y Maqueda señalaron que corresponde a la Ciudad decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes y decidir el modo en que lo harán. Señalaron que el Estado Nacional no dio suficientes fundamentos para decidir sobre aspectos sanitarios que le permitan legislar sobre la modalidad educativa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces dijeron que esta decisión es un criterio de “máxima relevancia institucional” en el marco del federalismo y que debe aplicarse a casos futuros.

Rosatti y Maqueda dijeron que desde la reforma constitucional de 1994 la ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo estatus constitucional como “ciudad constitucional federada”, que incluye su autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción. Este nueva estatus es el que impide darle el mismo trato que tenía antes de la reforma constitucional, porque ya no se trata de un “territorio federalizado”, propio de una época en que las autoridades nacionales decidían sobre la Ciudad.

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Si bien la ciudad de Buenos Aires es la “Capital de la República”, la Constitución exige que sea considerada prioritariamente como “ciudad constitucional” y “solo subsidiaria y excepcionalmente” como territorio donde imperan las normas federales, en la medida en que estén comprometidos esos intereses.

Los jueces dijeron que la conformación del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no implica desconocer la autonomía de la Ciudad. “El AMBA no es una ‘región’ en términos constitucionales”, dijeron los jueces.