Se votó favorablemente el “Código Procesal de la Justicia en las relaciones de consumo” para la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que contó con el apoyo de varios bloques políticos que celebraron la incorporación de garantías para los consumidores y el “avance en materia de autonomía” del distrito.

Con 52 votos a favor y 4 abstenciones, en la primera sesión del año, quedó sancionado el nuevo código local para las relaciones de consumo.

Es una ley “sancionada con el acuerdo de todos los sectores políticos que permitirá a los consumidores que vean vulnerados sus derechos, acudir a la justicia y hacerlos valer”, dijo en la sesión el legislador Martín Ocampo (UCR-Evolución), principal autor del proyecto.

Ocampo, quien preside la comisión de Justicia de la Legislatura, destacó que la nueva ley incorpora principios que deben regir las relaciones de consumo en favor de los consumidores y los hace normas “de cumplimiento obligatorio para los jueces”.

Entre esos principios, se encuentran la celeridad de los procesos, la informalidad en el lenguaje y la gratuidad en favor del consumidor.

Otro principio es el “impulso de oficio”, el cual considera que “hay una parte más débil que necesita que el Estado haga que los conflictos se resuelvan”, dijo Ocampo.

El diputado también explicó que en caso de “contraposición de normas”, de acuerdo a nuevo Código Procesal, “se aplicará la más favorable al consumidor”.

Por otro lado, Ocampo celebró que “por primera vez en la Ciudad se regulan los procesos y acciones colectivas”.

El diputado Sergio Abrevaya (GEN), por su parte, destacó que la nueva norma busca “mejorar la oferta de conciliación o mediación previa” bajo los principios de gratuidad y celeridad en favor de los consumidores.

La legisladora Claudia Neira (Frente de Todos), a su turno, remarcó que el nuevo código es un “avance en materia de autonomía de la Ciudad y de fortalecimiento de sus instituciones”.

Además, afirmó que en el mercado hay una relación desigual en la que los consumidores son el “eslabón más débil”, en relación a las empresas.

En este sentido, informó que el texto “toma en consideración a los consumidores hipervulnerables” por razones de género, edad o condición social, entre otras.

La diputada también afirmó que en la nueva ley se “amplía el ámbito de gratuidad” con el objetivo de garantizar el “derecho del consumidor a tener un procedimiento ágil y eficaz”.

La diputada Gimena Villafruela (Vamos Juntos), en su intervención, destacó que con la nueva norma se busca garantizar “procesos sin formalismos judiciales innecesarios”, que suelen perjudicar a los consumidores.