La reglamentación de la ley de economía del conocimiento que redujo a cero las retenciones por exportaciones fue bien recibida por el sector de software, que proyecta en 2021 incrementar un 15% la cantidad de puestos de trabajo, a partir de la mejora que puede representar la norma en materia de actividad.

“Entendemos que con la reglamentación que hoy conocimos y que recogió todas las propuestas hechas desde el sector, se genera una plataforma de relanzamiento que nos permitirá crecer en alrededor de 15% en el empleo”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi), José María Louzao Andrade.

Louzao, al igual que el titular de la Cessi, Sergio Candelo, remarcaron que la publicación de la reglamentación fue “celebrada” por la industria.

Candelo, destacó que la eliminación de los aranceles de exportación -que hasta el momento contaban con una alícuota del 5%- es “fundamental” en una industria que exporta el 40% de su facturación.

A modo de ejemplo, dijo cuando la norma todavía no estaba reglamentada, el 55% de las empresas que forman parte de la entidad ya tenían interés en registrarse para ser beneficiarias de la promoción.

Las previsiones del sector para este año sin ley de promoción y en pandemia arrojaban una caída por primera vez en la historia del nivel de empleo (-11%) y de las exportaciones (-6%), según datos del Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos (Opssi).

Louzao apuntó que “el decreto fomenta el federalismo, la inclusión laboral y por primera vez, trae beneficios para las políticas de género que se suman a los beneficios existentes en la -ya sin efecto- ley de promoción del software”.

“Para las empresas medianas y grandes, hay un incentivo adicional que es la eliminación de las retenciones a las exportaciones, dado que alrededor del 40% de la facturación del sector es al exterior”, agregó el directivo.

Del lado de los trabajadores, desde el Sindicato Unión Informática, su titular Ignacio Lonziame, dijo que la importancia de la eliminación del arancel a las exportaciones “es una gran oportunidad para el país”.

La Ley 27.570, sancionada en el Congreso en octubre de este año, ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades de este sector.

La reglamentación

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento a través del Decreto 1034/2020, publicado en Boletín Oficial de fecha 21 de diciembre del corriente. La flamante legislación según lo establecido en el Decreto 818/2020 – tiene como objetivo promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de Pymes y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, y en los próximos días publicará las resoluciones necesarias para complementar la reglamentación.

Entre los beneficios de la Ley 27.570 sobresalen:

  • Beneficios fiscales para fomentar las actividades de este sector, por ejemplo, reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa y una rebaja de hasta 70% en las contribuciones patronales
  • Beneficios adicionales en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales.

Los principales puntos reglamentados refieren a:

  • Se considerará actividad promovida con carácter de principal cuando la facturación en Servicios Basados en el Conocimiento represente al menos el 70% del total facturado por la empresa en los últimos 12 meses.
  • Las empresas que quieran contar con los beneficios de la Ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, para lo cual deberán acreditar el normal cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales, gremiales y laborales. Toda esa información será corroborada con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), los sindicatos y las sociedades de gestión, entre otros organismos.
  • Requisitos para la inscripción: las empresas deberán demostrar que el 70% de facturación corresponde a la actividad promovida. En caso de no poder demostrar esa exigencia, se establecen criterios como el carácter estratégico de la firma; el porcentaje de personal afectado a las actividades promovidas; el grado de desarrollo de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D); la incorporación de las innovaciones a cadenas de valor estratégicas; la existencia de unidades de desarrollo e innovación formal dentro de la organización; y la comercialización de productos y servicios nuevos que hayan derivado del uso de las actividades promovidas.
  • Requisitos adicionales: acreditación de normas de calidad, realización de inversiones en capacitación con especial énfasis en aquellas realizadas con el sistema educativo y porcentaje de exportación, cuando éste se corresponda con bienes o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades de la economía del conocimiento.
  • Beneficio fiscal: Además de la reducción de las contribuciones patronales y reducción diferenciada por tamaño de empresa del impuesto a las ganancias que establece la ley; se fija en 0% la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios para las empresas que cumplan con todos los requisitos de la ley y se inscriban en el Registro. Hasta ahora, la alícuota que pagaba este sector por los derechos de exportación era del 5%.
  • Registro actualizado. Para mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, las empresas deberán validar cada dos años el cumplimiento de todos los requisitos iniciales.
  • El Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) se estructurará a través de un fideicomiso y la tasa de aporte de las empresas a dicho fondo será según el tamaño de empresa. Las microempresas aportarán el 1% de los beneficios percibidos; las pequeñas empresas, el 2,5%; y las grandes empresas, el 3,5%.
  • Dirección del FONPEC. Se conformará el Comité Directivo que tendrá a cargo la dirección del FONPEC, con seis representantes titulares y seis suplentes designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos ejercerán sus funciones “ad honorem” y entre otras atribuciones deberán analizar las condiciones de las empresas que pidan financiamiento.
  • Destino de los fondos: financiamiento de actividades de capacitación y formación de MIPYMES. Se concretará mediante diferentes instrumentos, como préstamos, Aportes No Reembolsables, bonificación de la tasa de interés de créditos bancarios y garantías, entre otros.