Por mayoría, a pesar de las advertencias de parte de la oposición por las concesiones que les otorga al Poder Ejecutivo y a las farmacéuticas, el Senado sancionó una ley que le garantiza un virtual blindaje jurídico a los laboratorios con los que el Estado pretende sellar contratos para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

El Senado convirtió el jueves en ley el proyecto que declara de interés público a la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinados a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus, en una sesión en la que la oposición votó en forma dividida, tras objetar artículos que calificó de “flexibles” hacia los laboratorios.

La ley faculta al Gobierno a incluir en los contratos para la compra de vacunas cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales extranjeros pero en ningún caso podrá extenderse o comprender a terceros residentes en Argentina.

El proyecto fue aprobado por 56 votos a favor y 12 en contra tras un debate de casi tres horas, en el que el Frente de Todos apoyó sin fisuras la medida las cláusulas que blindan jurídicamente a los laboratorios al establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, la garantía de indemnidad patrimonial ante eventuales reclamos por daños o efectos adversos y la confidencialidad sobre los excipientes de las vacunas.

Ante esta escandalosa cesión de soberanía impunidad para los laboratorios, el radical jujeño Mario Fiad, señaló que había “artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbres”.

“Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y le suma amplias facultades a un Poder Ejecutivo que ya viene gobernando con poderes de excepción”, dijo el presidente de la Comisión de Salud.

Más crítica aún fue la radical santacruceña María Belén Tapia, quien demolió los aspectos más controvertidos de la iniciativa. Así, dijo que la norma “establece una suerte de blindaje sobre los laboratorios a través de la prórroga de jurisdicción y la renuncia de la inmunidad soberana” y se preguntó “por qué piden los laboratorios estas condiciones y por qué estamos dispuestos a dárselas”.

“Estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud o el interés general”, advirtió Tapia.

La ley aprobada este jueves con total liviandad por parte del oficialismo, puede volverse muy peligrosa para la población porque se complementa con la Ley 27.491 sobre “Control de enfermedades prevenibles por vacunación”, que en su artículo 2, inciso b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas.

Los actuales proyecto de vacunas se encuentran en etapa experimental, la llamada vacuna de Oxford con el laboratorio Astrazeneca por alguna razón, no del todo clara, es la elegida por el ministro de Salud Ginés González García y el presidente Alberto Fernández. Con esta nueva ley, si la vacuna que se va a aplicar llega a tener consecuencias en los pacientes solo podrá ser juzgada en jurisdicción británica.