El juez de Garantías subrogante, Raúl Flores, rechazó este viernes la cautelar para desalojar la toma de terrenos de la familia Etchevehere, en la que participan más de un centenar de usurpadores que responden a Juan Grabois, avalados por altos funcionarios del Inadi y el Ministerio de Justicia de Nación.

Entre tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se despegó del asunto que involucra a funcionarios nacionales y sostuvo que en su administración “no” alientan “absolutamente ninguna toma de propiedad” y enmarcó la situación en un “conflicto familiar de muchos años de antigüedad, que no se resuelve judicialmente”.

El conflicto irrumpió a partir de la decisión de Dolores Etchevehere, apadrinada por el activista Juan Grabois, de “ceder” unos terrenos familiares para la puesta en marcha del autodenominado Proyecto Artigas, un modelo agrario llevado a cabo por “un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales”, pero su familia presenta la documentación donde queda establecido que ya no le pertenecen y están usurpando el terreno más de un centenar de ocupantes, traídos de otras partes.

Dolores Etchevehere dio su versión de los hechos al hablar en Radio Con Vos y dijo que su objetivo es que “todos los hechos de corrupción cometidos por los Etchevehere corruptos salgan a la luz”.

Grabois afirma que el Poder Judicial "es el reducto más retrógrado del machismo en la Argentina".
Más de un centenar de activistas que responden a Juan Grabois participan en la toma de campos en Entre Ríos

Al responder una pregunta sobre la propiedad del campo en litigio, la mujer manifestó: “Acá no hubo ninguna irrupción. Yo ingresé en mi casa, el propio juez dijo que la sucesión está abierta e indivisa”.

En la audiencia judicial sobre el litigo celebrada el jueves, el abogado Rubén Pagliotto, representante de Leonor Barbero Marcial -madre de los Etchevehere-, y de los hermanos Luis y Débora, solicitó la “restitución” del “predio rústico usurpado”.

De esta forma se refirió el letrado a los terrenos en litigio de la localidad entrerriana de Santa Helena, y pidió “restaurar los derechos violados, garantizar la paz social, la vigencia de las normas y el imperio de la Constitución Nacional”, según la presentación.

Por su parte, los abogados de Dolores Etchevehere dijeron que sus hermanos ejercieron “violencia psicológica y diversos mecanismos de asfixia económica” para que la mujer “cediera parte de su herencia” a través de “actos intimidatorios, tráfico de influencias, abuso de poder, amenazas de todo tipo, violencia psicológica y económica”.

Bordet reiteró que "de ninguna manera permitimos que se viole el derecho a la propiedad privada".

El exministro, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo en declaraciones a CNN Radio que su hermana es “cómplice” del dirigente Juan Grabois, quien representa judicialmente a la mujer, y se mostró sorprendido por la presencia de la titular del Inadi, Victoria Donda, en una audiencia del miércoles convocada por la Justicia entrerriana.

El exministro denunció a los usurpadores comandados por Grabois y la intromisión de funcionarios del Gobierno

“Es un dato totalmente irregular, que pisotea el federalismo, el hecho de que intervengan funcionarios nacionales en una cuestión provincial”, cuestionó el exministro del Gobierno de Macri y extitular de la Sociedad Rural Argentina.

En respuesta, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, justificó su presencia en ese campo familiar estuvo motivada en “resguardar el acceso a la Justicia” de la mujer y un “desenvolvimiento pacífico” del conflicto.

“Mi presencia la noche del miércoles en la estancia Casa Nueva fue autorizada por el fiscal Oscar Sobko y tuvo el único fin de preservar la integridad física de Dolores y los integrantes del ‘Proyecto Artigas’ frente a las amenazas por parte de personas que fueron convocadas públicamente por las redes sociales y que decían responder a Luis Etchevehere”, completó la funcionaria.

Por su parte, la titular del Inadi, Victoria Donda, justificó que participó de forma virtual de una audiencia realizada a partir de una denuncia que hizo Dolores Etchevehere por “discriminación económica”.

Donda: "Nuestro cuerpo se convirtió en un territorio de lucha, y eso es lo  que discutimos" - Télam - Agencia Nacional de Noticias

“Participé en calidad de funcionaria pública, recibí una denuncia de parte de Dolores Etchevehere que tiene que ver con la discriminación de carácter económica sufrida por parte de una mujer durante muchos años”, justificó la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en declaraciones a Radio Nacional.

Por su parte, el activista Juan Grabois aseguró que “está dictada la declaratoria de herederos y la herencia está indivisa”, por lo que, dijo, Dolores Etchevehere “tiene absoluto derecho de estar ahí, le corresponde como heredera de su padre”.

“Etchevehere no tiene argumentos jurídicos, por eso está ejerciendo presión política: lo desafío a debatir públicamente en el medio y horario que quiera. Idealmente, usted con su abogado, y yo con mi defendida Dolores”, manifestó el activista social.